Una jueza federal dispuso una medida cautelar contra Rockhopper y Navitas. Las empresas no podrán avanzar con perforaciones, infraestructura ni extracción de petróleo mientras se analiza el impacto ambiental del emprendimiento.
La Justicia Federal ordenó frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, también denominado León Marino, que las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum buscan desarrollar en aguas próximas a las Islas Malvinas.
La decisión fue adoptada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, quien dictó una medida cautelar que impide a las compañías iniciar o continuar trabajos materiales vinculados con el emprendimiento mientras se realiza el procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente.
La resolución alcanza a las perforaciones del lecho y subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina, conductos y sistemas destinados a la producción, así como la puesta en funcionamiento de unidades flotantes y el inicio de la explotación comercial de hidrocarburos.
También quedaron comprendidas las obras terrestres y portuarias destinadas a sostener la operación.
El proyecto contempla 23 pozos: 16 destinados a la producción de petróleo, seis a la inyección de agua y uno a la inyección de gas. Además, prevé infraestructura submarina y una unidad flotante para producir, almacenar y descargar hidrocarburos.
La magistrada sostuvo que los posibles efectos ambientales requieren una evaluación previa. Entre los riesgos mencionados en la causa aparecen la alteración del lecho marino, contaminación química, ruido submarino, emisiones, interacción con mamíferos y aves y eventuales derrames.
El fallo también incorpora la cuestión de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. La causa fue iniciada por el CECIM La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas.
Las petroleras deberán informar a la Justicia el estado actual del emprendimiento, el cronograma previsto, los pozos proyectados, las compañías contratistas, las fuentes de financiamiento y los estudios ambientales realizados.
La medida es provisoria y podrá ser modificada a medida que avance el expediente. Mientras tanto, las obras vinculadas con Sea Lion no podrán continuar en los términos establecidos por el tribunal.